OBJETIVOS

 

<MARQUEE>"Ningún hombre es árbitro adecuado para su propia causa" "LEVIATHAN" Thomas Hobbes</MARQUEE>

 

 

 


 

 

Razones para un proyecto

 

 

 

1. Si originalmente con el instituto de la mediación se buscaba descargar a los tribunales de una desmedida e injustificada judicialización de algunos conflictos y de paliar el retraso estructural que acompaña de forma secular al servicio público de la justicia, en la actualidad la mediación ha adquirido una sustantividad propia, con un valor material reconocido social y jurídicamente a través de muchas disciplinas y sin el lastre de concebirse únicamente como una fórmula procesal de terminación convencional de un procedimiento de naturaleza contenciosa.

El mérito de ese reconocimiento se debe a dos motivos esenciales. En primer lugar a que la mediación ha conseguido adaptarse a las necesidades de una sociedad que demanda nuevas estrategias para hacer frente a situaciones  complejas en unas relaciones de las que se espera un nivel de estabilidad razonable, a través de un intercambio de propuestas compatibles con la seguridad jurídica y con la confianza legítima.

En segundo lugar, que la mediación se ha transformado en un modelo práctico de conducta socializadora en el que la participación, la transparencia y el diálogo, deben constituir el eje central de su intervención, en orden a obtener para la colectividad unos niveles óptimos de convivencia pacífica de carácter expansivo, en un marco de libertad, de justicia de paz y de respeto a los derechos fundamentales de las personas.

 

2. Sin embargo, pese a que la mediación ha alcanzado ese grado de singularidad necesaria que le va a permitir convivir pacíficamente y sin solapamientos, con otras figuras de auto o heterocomposición de mayor arraigo en nuestra ordenamiento como son la transacción, el arbitraje o la conciliación, todavía encuentra ciertos recelos en algunos ámbitos jurídicos, anclados en una mecánica y rigurosa aplicación de la norma a través de la  prerrogativa y la decisión unilateral, como modelos que, ordinariamente, caracterizan la acción de las Administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos.

 

 

(Foto: barunpatro en stock.xchng)

 

3. Con la aplicación de la técnica de la mediación en el ámbito administrativo no se trataría, tanto de modificar el tradicional modelo de actuación de las Administraciones, centrado en el esquema básico de las potestades regladas y discrecionales, como de abrir un camino decidido al ejercicio de una potestad derivada, de carácter convencional, confiando a un tercero mediador, sobre la base de la autoridad e imparcialidad que representa, la elaboración de una propuesta de acuerdo, en la que se reflejen las expectativas de los interesados, facilitando la mejor decisión posible.

Naturalmente, las partes no están obligadas a aceptar dicha propuesta porque la mediación se identifica plenamente con el principio de autonomía de la voluntad y tampoco se trata del ejercicio de una justicia transaccional de simetría salomónica de intereses.

Se trata esencialmente de que la Administración, a través de un diálogo transformador, reconozca derechos e intereses legítimos, cumpla con sus obligaciones, identifique el error, revise sus acciones y, en definitiva, alejándose de la figura indeseable del silencio administrativo, descubra y acuerde propuestas legítimas y estratégicas, hasta alcanzar un equilibrio ponderado entre el principio de legalidad administrativa y el de buena administración.

De otro lado, el ciudadano, podrá aceptar o tolerar actuaciones administrativas cuando la potestad y la gestión administrativa puedan ser entendidas a través de la mediación como resultado de una actuación transparente de consenso y de participación directa de los ciudadanos en los asuntos que les afectan.

En definitiva, es preciso que los actores acepten de parte de un mediador, propuestas  facilitadoras  desde una interpretación operativa de la norma, buscando a través de un aprendizaje constructivo, la compatibilidad de los intereses particulares con los intereses generales, en la medida en que puedan alcanzarse nuevos retos destinados a una mejora integral de la calidad de todos los servicios públicos.

 

4. Una vez que la mediación administrativa se ha incorporado a diversos ordenamientos jurídicos europeos, al igual que en nuestras leyes administrativas y jurisdiccionales, las trabas y obstáculos que podrían impedir el establecimiento de esta figura en el régimen jurídico público deben analizarse en  el ámbito material en el que pretende desplegarse la misma.

Si bien, pueden encontrarse algunos límites o cautelas a una actuación mediadora en algún sector concreto de actividad administrativa, no sería tanto por el temor a  infringir nuestro ordenamiento jurídico, como por cuestiones de oportunidad o de estrategia que, en el marco de un procedimiento administrativo, conducen a seleccionar el modelo de respuesta mas adecuado, atendiendo a las circunstancias del caso concreto planteado.

 


 

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